El nuevo límite de velocidad a 110 km/hora impuesto desde principios de marzo en toda España ha levantado opiniones de todo tipo. En las carreteras de todo el país encontramos precavidos que temen las cuantiosas multas que penan el sobrepasar ese límite, 300 euros en vez de los 100 de antes, y conductores anti- medida del gobierno que circulan sin preocuparse de las pegatinas que les limitan en su circulación.
El afán recaudatorio de la variación de velocidad se ve desde lejos, ya que si sólo le preocupase al Gobierno la contaminación que justifica esta imposición, no se habría aumentado la cuantía de la multa si no se respeta la misma; a la vez que se facilitarían las compras de nuevos coches eléctricos con subvenciones o se presentarían inconvenientes a la hora de comprar un segundo o tercer coche en una familia, con cuotas extras a pagar.
Dese que se aprobó por unos meses esta iniciativa han disminuido los accidentes en carretera, ya que si hay algunos conductores más cautos que se ciñen a las normas, a pesar de que sea por el posible daño al bolsillo si no lo hacen más que por los niveles de contaminación atmosférica que llevaron a esta decisión.
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