El 30 aniversario del 23 f ha vuelto a recordar a la sociedad española la falta de transparencia que existe respecto a la información pública. 30 años después del intento del golpe de Estado, aún no se han hecho públicos datos, o grabaciones que habrían ayudado a aclarar aquel golpe contra la democracia.
Tras dos intentos fallidos de propuesta de ley, en las elecciones del 2004 y 2008 por parte del Partido Socialista (PSOE) en ambas, aún no contamos con la aprobación a una Ley de Acceso a la Información Pública que permita a profesionales acceder a la información para así transmitirla a la sociedad. En otros países como Estados Unidos, los periodistas cuentan con un libre acceso a ciertos datos, que solicitan a través de un permiso que se les concede en unos días, lo que ayuda a investigaciones para que se esclarezcan y se saquen a la vida pública informaciones controvertidas.
El artículo 105b de la Constitución Española garantiza el acceso a información pública, pero no de una forma transparente. Los políticos y los trabajadores no quieren, como es obvio, que el pueblo acceda a una información que ellos pueden controlar o manipular. Eso sería como enseñar los trapos sucios de su propia casa; trapos sucios que quieren lavar de puertas para adentro. Ese artículo esconde una mala praxis por parte de los que tendrían que dar esa información, que se evaden ante las negativas que conceden a los periodistas.
Esa ley, necesaria en España y ya existente en el resto de países europeos, sigue sin llegar. Seguimos estando a la cola en transparencia con países vecinos, lo que retrasa la salida a la luz de los asuntos de corrupción, o la mala gestión del gobierno español.

Trailer "23 f, la película"
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