Tras la implantación de la Ley de Dependencia, se llega a la conclusión de que apenas la gente que lo necesita, la pide. Y es que el poco dinero que dan, no debe ser tan necesario, ya que gana el temor a la exclusión social por el hecho de que se conozca cierta discapacidad, gana al beneficio o la ventaja de obtener tal cuantía.
Los discapacitados se encuentran barreras arquitectónicas, cuentan con múltiples inconvenientes a la hora del transporte, de acudir al médico, al colegio, y no siempre encuentran facilidades para solventar estas trabas. La ley de dependencia analiza la información que transmite la familia del discapacitado y, en el caso de los enfermos mentales, esa ley es prácticamente desconocidas y apenas llega a un 4% de los enfermos. Piensan que no es para ellos, que no les corresponde. La falta de información, en este caso, frena un avance o una ayuda paa la financiación de las actividades de este tipo de personas.
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